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Política

Medidas de protección para la diputada Diana Romero tras denuncias de acoso

por Efraín Villarroel

30 de septiembre de 2026


La Fiscalía General de Bolivia ha dispuesto medidas de protección para la diputada Diana Romero Saavedra (PDC), quien ha sido objeto de acoso político y violencia por parte del exdiputado Amílcar Barral. Esta decisión se tomó el miércoles pasado, tras la denuncia presentada por la legisladora el 1 de septiembre ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

La fiscal Gricelda Gambarte, encargada del caso, destacó que estas medidas buscan prevenir mayores consecuencias de los hechos denunciados y evitar la repetición de nuevas violencias, además de proporcionar el apoyo y protección necesarios a la diputada.

En su denuncia, Romero argumenta que Barral ha llevado a cabo una "comisión flagrante y continuada" de acoso político, basando su acusación en declaraciones y publicaciones realizadas en sus redes sociales. Estas afirmaciones se vinculan a una intervención policial que involucró un vehículo en Santa Cruz, donde Barral insinuó el consumo de alcohol, algo que Romero ha desmentido y que exige que se demuestre con evidencias apropiadas.

Las medidas de protección tienen como fin evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia y otorgarle auxilio y protección indispensable.

La situación ha generado un amplio debate sobre el acoso político hacia las mujeres en la esfera pública, destacando la importancia de garantizar espacios seguros para todas las legisladoras en el país.


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