Nueva regulación de Trump complica acceso a green cards
por Milton Terrazas
18 de septiembre de 2026
Desde este viernes, la administración de Donald Trump ha puesto en marcha una norma que redefine los criterios bajo los cuales se evaluarán las solicitudes de visas de inmigrante y green cards. Esta regla, conocida como "carga pública", ya enfrenta desafíos legales por parte de varias ciudades que intentan frenarla.
La nueva regulación permite a los funcionarios de inmigración determinar si un solicitante podría requerir asistencia gubernamental en el futuro. Esto incluye programas como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), entre otros. Sin embargo, recibir estos beneficios no garantiza el rechazo de una solicitud.
La implementación de esta regla se produce en un contexto en el que se han suspendido temporalmente las entrevistas para visas de inmigrante en embajadas y consulados, mientras el Departamento de Estado capacita a su personal para aplicar las nuevas directrices.
Criterios de evaluación ampliados
La normativa amplía los aspectos que se pueden evaluar para determinar si un inmigrante es considerado una carga pública. Esto incluye factores como edad, salud, situación familiar, ingresos, educación y habilidades, así como el respaldo financiero de un patrocinador.
No todos los inmigrantes están sujetos a esta evaluación. Existen excepciones para ciertos grupos, como refugiados y asilados, lo cual limita el alcance de la norma.
Organizaciones que asisten a inmigrantes han expresado su preocupación por el miedo que esta regla genera en las familias que podrían evitar solicitar los beneficios a los que tienen derecho, lo que podría afectar su bienestar y el acceso a servicios básicos.
Hasta la fecha, 22 Estados y el Distrito de Columbia han presentado demandas para bloquear la nueva regulación, argumentando que su implementación podría perjudicar la salud pública y aumentar la pobreza en sus comunidades.
La administración Trump defiende la medida como una forma de promover la autosuficiencia, sugiriendo que es necesario proteger los recursos públicos y garantizar que los inmigrantes no dependan de la asistencia estatal.
"La política podría llevar a inmigrantes y familias a renunciar a beneficios necesarios, lo que tendría consecuencias sobre la salud pública y las economías locales".
