Nuevas normativas del gobierno buscan impulsar la transición energética y el bienestar social

Este miércoles, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, dio a conocer una serie de ocho normativas que fueron aprobadas en el Consejo de Ministros. Estas medidas abarcan diversas áreas, incluyendo la gestión de residuos, el apoyo al sector agrícola, la digitalización de trámites educativos y el acceso a financiamiento para el transporte público.

Una de las normas más destacadas es la que regula el aprovechamiento del biogás en los rellenos sanitarios del país. Según Gálvez, esta iniciativa tiene como objetivo transformar los desechos en energía eléctrica limpia, contribuyendo así a una transición energética más sostenible.

Gálvez también se refirió a la inminente llegada de fenómenos climáticos extremos, señalando un aumento en el presupuesto de 14 millones de bolivianos para el Instituto del Seguro Agrario (INSA). Esta medida busca garantizar la producción de alimentos en el país durante la campaña agrícola 2025-2026, ante el riesgo del fenómeno conocido como Súper Niño.

Otro cambio significativo es la implementación de la gratuidad y digitalización de los títulos de bachiller. Desde la gestión 2026, estos diplomas serán emitidos de manera virtual y gratuita, facilitando así su obtención para las familias bolivianas y reduciendo la burocracia asociada a los trámites.

En cuanto a la protección de la niñez, se aprobaron normativas que ofrecen asistencia médica y educativa a menores en situaciones vulnerables tras incidentes graves como el feminicidio. Estos beneficiarios recibirán un bono mensual correspondiente al 20% del salario mínimo nacional.

Adicionalmente, se estableció que el transporte público será considerado dentro de las categorías de crédito productivo, permitiendo así que los transportistas accedan a financiamiento con tasas preferenciales para la renovación de sus vehículos. Este cambio reconoce el papel del transporte como una herramienta vital para la economía del país.

Por último, Gálvez comentó sobre modificaciones en el reglamento de preinversión estatal, que obligan a las instituciones a justificar técnicamente cada proyecto. La intención es evitar la creación de obras ineficientes que no respondan a las necesidades del país, buscando así una inversión pública más efectiva.