Preocupaciones sobre la seguridad y el poder en Bolivia
por Milton Terrazas
22 de octubre de 2026
La situación actual en Bolivia genera inquietudes respecto al ejercicio del poder político. Las recientes afirmaciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y del fiscal general, con críticas a la prensa, van más allá de simples declaraciones y reflejan una concepción del poder donde la seguridad se entrelaza peligrosamente con la identificación de los que serían aliados de la ley frente a quienes son considerados amenazas.
Cuando un ministro califica de narcoterrorismo a individuos en investigación, o el Ministerio Público insinúa conexiones entre la prensa y el crimen organizado, el asunto trasciende lo meramente verbal. Estamos ante un debate sobre el alcance del poder estatal y la protección de los derechos de los ciudadanos.
Los límites del poder estatal
El sociólogo Max Weber afirmó que el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, es decir, la capacidad de usar la fuerza de manera legal para mantener el orden. Sin embargo, este poder no debe ser absoluto. El ministro de Gobierno no tiene la potestad de actuar como juez o fiscal, y ninguna figura autoritaria puede sustituir la presunción de inocencia por acusaciones públicas.
Un Estado policial se caracteriza por la concentración de poder en los organismos de seguridad, donde los derechos de los ciudadanos quedan subordinados a las decisiones de estas entidades. Este fenómeno no surge de forma abrupta, sino que se instala cuando se generaliza la idea de que cuestionar a la autoridad o expresar disenso es equivalente a amenazar al Estado.
La historia reciente de Bolivia ha sido testigo del uso de la justicia con fines políticos, especialmente durante los años de gobierno del MAS y Evo Morales. Criticar prácticas de persecución selectiva y la utilización del aparato estatal contra opositores debería ser un principio que se mantenga independientemente de quién esté en el poder. La democracia no se limita al cambio de autoridades, sino que requiere un cambio en la forma de ejercer el poder.
En el ámbito político, existe un fenómeno conocido como securitización, que ocurre cuando se presenta un conflicto o crítica como una amenaza a la seguridad nacional, justificando así medidas excepcionales. Esto puede llevar a convertir a un crítico en sospechoso y a un sospechoso en culpable sin la debida intervención judicial.
Si bien es innegable la responsabilidad del Estado en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, esto no justifica la erosión de derechos fundamentales como el debido proceso, la libertad de prensa y la independencia judicial. La investigación de delitos debe realizarse conforme a la ley y no a través de declaraciones públicas que comprometan la integridad de las personas.
Aunque no se puede afirmar categóricamente que Bolivia se encuentre en un Estado policial, es vital prestar atención a las señales que indican un posible deslizamiento hacia ese modelo. La administración del Ministerio de Gobierno debe estar sujeta a controles institucionales y límites constitucionales, pues su capacidad coercitiva es una herramienta delicada.
La cuestión central no es si el Gobierno tiene el derecho a combatir el crimen organizado, sino quién supervisa el ejercicio de ese poder y cuáles son las garantías para los ciudadanos ante sus decisiones. La calidad de la democracia se mide no solo por cómo se persigue a quienes se consideran enemigos, sino también por los límites que se respetan en el ejercicio del poder, incluso frente a ellos.
La democracia no se mide por la dureza con la que el Estado persigue a quienes considera enemigos, sino por los límites que respeta incluso frente a ellos.
