Presiones aumentan para la destitución del Ministro Gabriel Espinoza tras denuncias de irregularidades

El Ministro Gabriel Espinoza está bajo el escrutinio público tras ser señalado por la subvaluación de un bien en un documento de transferencia, así como por ocultar activos en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas. Estas acciones podrían implicar la violación de varias normas penales y fiscales en Bolivia.

Según el Código Penal boliviano, la falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, como lo estipula el Artículo 274, se produce cuando un servidor público no declara adecuadamente su situación económica o patrimonial ante la Contraloría General del Estado. En este caso, se alega que Espinoza no reportó un vehículo que poseía anteriormente y presentó un patrimonio que no refleja la realidad.

Además, se le imputan delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, conforme a los Artículos 199 y 203 del Código Penal. Esto se refiere a la inclusión de información falsa en documentos públicos, como una escritura de compraventa, que puede resultar perjudicial. En este sentido, se investiga la declaración de un precio significativamente bajo (50,000 Bs) en comparación con el valor real del bien.

Asimismo, la subvaluación de bienes en contratos de transferencia podría conllevar delitos tributarios, específicamente evasión y defraudación fiscal, según la Ley N° 2492 del Código Tributario. Se sostiene que declarar un precio inferior al valor de mercado para evitar el pago correcto de impuestos es un indicio claro de una posible defraudación, que afecta directamente a las arcas del Estado.

Por último, la indagación sobre el enriquecimiento ilícito también se encuentra en juego. Los Artículos 27 y 28 de la Ley N° 004 establecen que se debe investigar un aumento inesperado de patrimonio en relación a los ingresos declarados. La adquisición de un vehículo de alta gama, cuyo valor supera la capacidad económica del Ministro según sus ingresos oficiales, podría ser motivo de un control exhaustivo por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para determinar el origen de los fondos utilizados para dicha compra.