Progreso en la implementación de la agenda 50/50: claves del acuerdo

El análisis del diálogo iniciado en torno a la agenda 50/50 muestra avances concretos hacia la autonomía en la gestión de recursos, tras la cumbre del 5 de agosto en Sucre, donde se aprobó el "Acuerdo 01/2026-Marco de la Agenda 50/50". Este acuerdo marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno central y los gobiernos departamentales y municipales.

Uno de los principales objetivos del acuerdo es la reducción de la concentración del 75 % de los recursos en el nivel central. En este sentido, el presidente Rodrigo Paz y los gobernadores han acordado devolver la autonomía presupuestaria a los departamentos mediante un conjunto de medidas. Entre ellas se destaca el desahogo financiero inmediato, donde el Gobierno asumirá de forma exclusiva ciertos pasivos, como los bonos de vacunación y otros compromisos financieros.

Además, se busca la eliminación de aproximadamente 60 leyes y decretos que han obstaculizado la gestión de las autonomías. Por ejemplo, se proponen cambios en la Ley 031 para eliminar la tutela sobre presupuestos y la creación de impuestos subnacionales, así como reformas a la Ley 1178 para facilitar procesos de licitación y permitir alianzas público-privadas.

En el ámbito municipal, se establece una corresponsabilidad fiscal del 50 % para proyectos de infraestructura local, lo que incluye agua potable y saneamiento básico. Los alcaldes han condicionado su participación al desembolso inmediato de fondos por parte del Estado, destacando la necesidad de asegurar recursos para activar estas obras.

El cronograma para la implementación de estos acuerdos se extiende hasta agosto de 2026, con fases específicas para consolidar el modelo de cofinanciamiento y finalizar las reformas legislativas necesarias. Durante septiembre y octubre de 2026, se espera cerrar el paquete normativo que garantice la asignación adecuada de recursos en el presupuesto del Estado para 2027.

Finalmente, el acuerdo implica que el nivel central será responsable de financiar las cargas pasivas, mientras que las gobernaciones se encargarán de atraer inversiones y manejar proyectos concurrentes. Este proceso parece tener un panorama favorable hasta ahora, y se continuará evaluando el avance de este importante tema para el país en los meses venideros.