Propuesta de reforma constitucional busca restringir nacionalizaciones y fomentar arbitrajes internacionales

El diputado Carlos Alarcón, representante de la alianza Unidad, junto con Diego Ávila, presidente del Senado por el PDC, han introducido un proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, que propone cambios fundamentales en el régimen de inversiones y la gestión de controversias internacionales.

Este proyecto sugiere la incorporación de un nuevo artículo 412 en la Constitución, que se divide en dos secciones. La primera estipula la prohibición de cualquier forma de expropiación, nacionalización, o estatización de inversiones tanto nacionales como extranjeras, lo que representaría un giro significativo en la política económica del país.

El segundo párrafo del artículo propuesto permite que las disputas entre el Estado y los inversores se resuelvan a través de conciliaciones, la jurisdicción del Estado boliviano o instancias de arbitraje, tanto nacionales como internacionales. Esto introduciría alternativas a los métodos tradicionales de resolución de conflictos.

La iniciativa también incluye la desconstitucionalización de 30 artículos que abordan temas sensibles, como la elección de autoridades judiciales mediante voto popular, la administración de recursos naturales y el régimen de inversiones, los cuales serían regulados a través de leyes ordinarias en un plazo de un año.

Entre los artículos que se propone eliminar se encuentran normas relacionadas con el sistema de justicia y la política económica, como los numerados 182, 183, 185, 187, 188, 194, 198, 199, 200, 201, 203, 227, 228, 310, 319, 320, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 367, 370, 373 y 378.

Además, se propone la derogación de tres normas que consideran como traición a la patria la violación del régimen de recursos naturales, que obligan a las inversiones extranjeras a seguir únicamente la normativa boliviana, y que prohíben el arbitraje internacional en conflictos relacionados con el Estado.

El procedimiento para llevar a cabo esta reforma se dividiría en tres etapas: una primera fase con el tratamiento por separado en las cámaras de Diputados y Senadores; una segunda fase que requeriría el apoyo de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional; y una tercera fase donde la modificación sería sometida a referendo nacional, buscando así la validación del electorado.

Implicaciones y Contexto

Este proyecto, si es aprobado, podría tener un impacto considerable en la relación del Estado con los inversionistas, así como en la forma en que se gestionan los recursos naturales en el país. La iniciativa está generando un amplio debate sobre las implicaciones que tendría para la soberanía económica de Bolivia y su capacidad de regulación.