Rechazo generalizado al decreto del diésel mientras el gobierno defiende su posición

Este 16 de agosto, el gobierno aprobó el decreto supremo 5676, que establece un precio de 18 bolivianos por litro de diésel para los grandes consumidores. La medida ha despertado un fuerte rechazo, especialmente por parte de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), transportistas y cooperativistas mineros, quienes argumentan que esta acción favorece el mercado negro.

Yamil Nacif, vicepresidente de la CAO, expresó su oposición a la medida, indicando que el precio diferenciado estimulará el contrabando y no abordará la problemática de la escasez de combustible. Además, exigió que se liberen por completo los precios y que YPFB se retire de la comercialización de estos productos.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió el decreto, señalando que busca sincerar costos para evitar el desangramiento de recursos del Tesoro General del Estado. Explicó que las distorsiones en los precios, influenciadas por conflictos internacionales, han perjudicado la economía nacional y que el contrabando ha crecido de forma alarmante.

Desde el Comité de Defensa del Productor (Codepro), se alertó que la diferencia entre el precio regulado y el nuevo podría fomentar la reventa y el mercado informal, dificultando una solución estructural a la crisis. Por su parte, la Confederación de Choferes de Bolivia también se manifestó en contra del decreto, argumentando que se verán afectados en sus costos operativos, especialmente en rutas largas que requieren grandes cantidades de diésel.

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Chuquisaca expresó su preocupación, indicando que varias empresas afiliadas se verían perjudicadas, dado que dependen del combustible para su funcionamiento. Resaltó que el problema de las largas filas en las estaciones de servicio no debería resolverse trasladando el costo a las empresas formales.

El gobierno aseguró que el decreto busca un control más efectivo del contrabando a mediano plazo y regulará el uso del diésel en tres sectores específicos, de acuerdo a su consumo mensual. Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos y Energías, destacó que estas reformas son una medida necesaria para enfrentar las pérdidas económicas del Estado.

Finalmente, informes recientes indican que las redes de contrabando de combustible generan ganancias ilícitas de entre 3 y 4 millones de dólares diariamente. Se ha detectado que algunos grupos usan contenedores pequeños para cargar diésel en áreas urbanas, lo que evidencia su destino final hacia el contrabando.