Recuerdos de Cidenbol: El peligroso regreso de los bolivianos a Rusia

Hace casi dos décadas, más de 250 bolivianos fueron engañados por una organización que prometía empleos bien remunerados en Rusia, un episodio que se conoce como Cidenbol. Entre marzo y agosto de 2008, ciudadanos bolivianos y rusos reclutaron en Cochabamba a trabajadores de bajos recursos, principalmente albañiles, con la promesa de salarios de entre $us 2.000 y $us 2.500 mensuales en la ciudad de Rostov.

Para acceder a estos empleos, los postulantes debían desembolsar entre $us 5.000 y $us 7.500, cantidades que muchos obtuvieron a través de la venta de propiedades o endeudándose. La empresa reclutadora utilizó diversos canales de comunicación, desde la televisión hasta volantes, y estableció una oficina en el centro de Cochabamba, donde gestionaron pasaportes y visas de turista, disfrazando su operación como una oferta laboral formal.

Sin embargo, al llegar a Rusia, los trabajadores se enfrentaron a una dura realidad. Sus documentos fueron retenidos, y se les obligó a firmar nuevos contratos en ruso, un idioma que no entendían. El salario prometido se redujo drásticamente a alrededor de $us 380 o $us 400, de los cuales se descontaban los costos de alimentación y alojamiento. Muchos no lograron conseguir empleo y fueron obligados a realizar trabajos forzados en condiciones deplorables.

Los testimonios de los retornados revelan jornadas laborales de hasta 15 horas, falta de equipos de protección, alimentos en mal estado y alojamientos en condiciones infrahumanas. Un ex trabajador compartió que la alimentación era escasa y poco nutritiva, describiendo su vivienda como un espacio similar a un galpón o una prisión. El coronel Boris Bellido, ex jefe de la Policía de Trata y Tráfico de Personas, recordó que estos trabajadores estaban completamente desprotegidos, trabajando en diversas industrias sin ninguna seguridad laboral.

El regreso a Bolivia fue complicado y fragmentado. Solo un grupo de 25 trabajadores logró regresar en septiembre de 2008, mientras que otros aún esperaban ayuda para volver a casa. En total, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos estimó que más de 350 personas fueron afectadas por esta estafa. En 2011, la justicia condenó a los responsables a penas de prisión, aunque el delito de trata de personas no fue incluido debido a la falta de pruebas suficientes.

Ahora, 18 años después, la Fiscalía ha iniciado investigaciones por un patrón similar en Santa Cruz, donde se presumen casos de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados. Se han reportado aproximadamente 31 víctimas en varios departamentos del país, y se ha solicitado colaboración internacional para rastrear a los intermediarios involucrados.

Recientemente, familiares de dos jóvenes reportados como fallecidos en el frente han realizado un velorio simbólico, aunque la Cancillería aún no ha confirmado oficialmente estas muertes. Por su parte, la Embajada de Rusia ha negado cualquier participación en el reclutamiento y se ha mostrado dispuesta a colaborar en la investigación mediante los canales adecuados.