Reglamento de la Ley 1680 deja fuera a numerosos huérfanos de feminicidio
por Efraín Villarroel
20 de octubre de 2026

En Cochabamba, familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio han alzado su voz contra el nuevo reglamento de la Ley 1680, el cual consideran injusto ya que impide que cientos de huérfanos accedan a los beneficios que tanto se habían esperado tras años de lucha. Esta ley fue promulgada el 5 de noviembre de 2025, y busca ofrecer protección y reparación a los menores que pierden a sus madres debido a la violencia de género.
Las familias han expresado su descontento al enterarse que solo aquellos huérfanos que queden sin madre a partir del 5 de marzo de 2026 podrán beneficiarse de las medidas establecidas, lo que deja a muchos menores sin la ayuda necesaria en un momento crítico de sus vidas. Froila Ramírez Mamani, una abuela que cuida de sus nietos huérfanos, manifestó su desesperación por la situación, resaltando la grave necesidad de asistencia y apoyo en su entorno familiar.
La Ley 1680 fue el resultado de años de movilización social y propuestas legislativas que buscaban dar respuesta a una problemática creciente en el país. El objetivo inicial era asegurar que todos los huérfanos de feminicidio reciban una atención integral, pero la reciente interpretación del reglamento ha suscitado un fuerte rechazo entre los familiares de las víctimas, quienes ven la normativa como una forma de discriminación.
‘No podemos aceptar esta reglamentación. La rechazamos totalmente porque es injusta, porque ignora a niños y adolescentes que ya han sufrido tanto con la indiferencia de los gobiernos’
Camila Condori, una joven de 20 años que se ha visto obligada a cuidar de sus tres hermanos menores tras el asesinato de su madre, también se unió al clamor por la modificación de la normativa. Ella subrayó que el apoyo psicológico y el bono propuestos en la ley deberían ser accesibles para todos los huérfanos, independientemente de la fecha de la tragedia que han enfrentado.
Las familias piden al Gobierno que revise esta reglamentación y considere la situación de más de 1.000 huérfanos que, debido a las circunstancias que les tocó vivir, no deberían ser excluidos de los beneficios. La lucha por la reforma de este reglamento es un llamado a la justicia y a la equidad para todos los niños y adolescentes que han quedado marcados por la violencia de género en Bolivia.


