SOBOCE advierte sobre las repercusiones económicas de un fallo judicial en su contra y defiende su derecho a una justicia efectiva

La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) ha manifestado su preocupación por las graves consecuencias que tendría para la economía nacional, el sistema financiero y la generación de empleo, la posible ejecución de un fallo que la obliga a pagar aproximadamente 744 millones de bolivianos a FANCESA. Esta sentencia aún se encuentra bajo revisión en la Justicia Constitucional, que ya la había anulado previamente debido a serias irregularidades que no han sido subsanadas. La ejecución de este fallo sería considerada irresponsable.

Como uno de los actores clave en la industria boliviana, SOBOCE depende de la estabilidad en sus niveles de liquidez e inversión para continuar operando. La empresa, que sigue emitiendo valores en el mercado de capitales del país, mantiene compromisos financieros con tenedores de bonos y diversos participantes del sistema financiero.

La implementación de esta sentencia significaría que Bolivia sería pionera en reconocer el “daño al proyecto de vida” —un concepto jurídico relacionado exclusivamente con individuos— como base para indemnizar a una sociedad comercial. Esto podría resultar en un uso arbitrario de este concepto contra otras empresas en el país, minando la seguridad jurídica y complicando la atracción de inversiones y financiamiento internacional.

SOBOCE reafirma su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y condena la campaña de presión social que busca influir en los organismos encargados de resolver estos procesos en conformidad con la legislación boliviana. Esta desinformación no solo busca confundir a la opinión pública, sino también generar una percepción errónea sobre los hechos en torno a este proceso.

La empresa ha estado luchando por justicia desde hace 16 años, tras la expropiación de sus acciones en FANCESA por parte del Estado, el cual, incumpliendo el Decreto N° 0616 del 1 de septiembre de 2010, no ha pagado el precio justo correspondiente. A pesar de que el Estado ha indemnizado otras expropiaciones, este caso ha permanecido sin solución debido a un proceso irregular, según lo han señalado los tribunales constitucionales.

SOBOCE hace un llamado a la comunidad jurídica del país para que analice detenidamente las resoluciones judiciales relacionadas con este asunto, empezando por la demanda inicial, donde se pueden evidenciar la falta de coherencia y las carencias en la justificación para la indemnización solicitada, así como las violaciones a los derechos fundamentales de la empresa.

El compromiso de SOBOCE con Bolivia es firme y se traduce en una de las inversiones extranjeras más significativas en el país. La ejecución de esta arbitraria sentencia podría afectar de manera irreversible la capacidad de atraer futuras inversiones que son esenciales para la reactivación económica del país.

Por ello, SOBOCE convoca a la ciudadanía, a trabajadores, clientes, proveedores, así como a profesionales del Derecho, agentes financieros y al sector empresarial en general, a examinar con objetividad los riesgos que esta sentencia representa para la economía y la sociedad boliviana en su conjunto.