Tarifas transitorias de transporte generan descontento entre choferes
por Gonzalo Balderrama
1 de octubre de 2026
Este miércoles, los representantes de la Cooperativa de Transporte Virgen de Chaguaya se manifestaron en contra de las tarifas transitorias, argumentando que no son suficientes para cubrir los costos del servicio y de la canasta básica familiar, lo que ha llevado a varios conductores a decidir no operar sus vehículos.
El presidente del Consejo Administrativo de la cooperativa, Filemón Ayza, indicó que los miembros están en desacuerdo con las tarifas actuales. Presentaron dos propuestas para aumentar los pasajes, que incluían precios de 4,50 bolivianos para mayores, 3 para adultos mayores y 2 para estudiantes de secundaria y primaria, o una segunda opción que planteaba 4 bolivianos para mayores, 3 para adultos mayores y 1,50 para primaria, sin incluir un precio para universitarios.
Ayza explicó que, según sus cálculos, cada recorrido de las rutas requiere aproximadamente 100 bolivianos en diésel, y presentó facturas que oscilan entre 650 y 700 bolivianos. Para cubrir estos costos, necesitarían transportar al menos 200 pasajeros para ganar 100 bolivianos, aunque actualmente promedian solo 250 pasajeros por día.
El dirigente también desmintió las afirmaciones de representantes barriales que sostienen que el 80 por ciento de los 574 micros que operan en Tarija utilizan gas natural vehicular (GNV), aclarando que solo 75 vehículos cuentan con este tipo de motor, mientras que la mayoría opera con diésel.
Sobre la posible movilización de estudiantes universitarios en protesta por el aumento del pasaje de 1,50 a 2 bolivianos, Ayza manifestó que los choferes no pueden subvencionar a los estudiantes, a quienes les cuestionó por no contribuir con matrícula, y pidió que se realice una evaluación de costos a la brevedad.
Gabriel Pérez, ejecutivo de la Federación 15 de Abril, también se pronunció sobre las convocatorias de protestas, señalando que éstas no han tenido impacto, dado que quienes las organizan actúan por motivos políticos.
La situación refleja una creciente tensión entre los operadores de transporte y las autoridades locales, quienes deben considerar las condiciones económicas que afectan tanto a los choferes como a los usuarios del servicio público.
