Tensiones entre Gobernaciones por el Pacto Fiscal y la distribución de recursos

A pocos días de la reunión programada para el 5 de agosto entre el Gobierno nacional y los nueve gobernadores del país, las diferencias en torno a la agenda y los objetivos a alcanzar se hacen evidentes. Mientras Santa Cruz busca negociar cesiones de recursos, las gobernaciones de menor tamaño se enfocan en soluciones para aliviar sus deudas.

La urgencia por encontrar un acuerdo que impulse un nuevo Pacto Fiscal, inicialmente debatido en campaña como una distribución equitativa del 50% de los recursos, ha dejado en claro que la falta de una propuesta sólida por parte del Gobierno ha generado confusiones y contradicciones. Aunque varios gobernadores han viajado a Sucre para preparar el encuentro, las diferencias en las posturas sugieren que aún hay un largo camino hacia un consenso.

El concepto de 50-50, que parecía sencillo durante la campaña electoral, se ha complicado al considerar la asignación real de recursos. El exgobernador de Tarija, Óscar Montes, ya había señalado que, si se asignara el 50% a su gestión, pero se le exigiera cubrir gastos específicos, la gobernación enfrentaría un déficit. Ahora, el presidente Rodrigo Paz, quien ha asumido el protagonismo en la discusión, se ha centrado más en la delimitación de competencias que en una simple repartición de fondos.

Los gobernadores están buscando que la propuesta 50-50 culmine en un acuerdo que permita una redistribución real de recursos, un objetivo que el Gobierno del MAS intentó sin éxito durante ocho años. La senadora tarijeña Isabel Moreno insiste en que se deben llevar a cabo reformas sustanciales, aunque advierte que esto no debe paralizar la gestión actual.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, manifestó su intención de maximizar la captación de recursos para su departamento, incluso sugiriendo que se le otorguen competencias tributarias para mejorar la eficiencia en la recaudación. Sin embargo, este enfoque es menos viable para los departamentos más pequeños, que enfrentan dificultades para implementar nuevas estructuras y cuya capacidad de recaudación es limitada.

En términos de expectativas para la reunión, Santa Cruz aspira a establecer las bases de un Pacto Fiscal que le brinde mayor fortaleza, mientras que otros departamentos buscan acuerdos que les permitan manejar sus emergencias fiscales. La relevancia de la Ley que permitirá la disposición de recursos de IDH confiscados desde el nivel central es un punto importante, pero en general, las gobernaciones necesitan alcanzar acuerdos para reorganizar o condonar deudas que les permitan destinar más fondos a áreas críticas como la salud y la educación.

El diputado tarijeño José Luis Porcel se mostró escéptico respecto a la efectividad de la reunión del 5 de agosto, presagiando que podría ser un mero formalismo debido a la falta de voluntad política del Gobierno para abordar la demanda de una distribución equitativa de recursos. Según Porcel, sería posible facilitar mayores transferencias a las Gobernaciones, considerando que son ellas las que ejecutan competencias directamente vinculadas al ciudadano, pero esto requeriría un esfuerzo del Gobierno en reducir el gasto público, algo que, en su opinión, no está en la agenda actual.