Transportistas pesados dan un ultimátum al Gobierno por la crisis de diésel

La crisis de desabastecimiento de diésel se mantiene como un tema de gran preocupación para los sectores productivos y de transporte en Bolivia. Los dirigentes del transporte pesado han manifestado que las largas filas en las estaciones de servicio son una realidad cotidiana y han criticado que los compromisos del Gobierno aún no han logrado restablecer el suministro normal de este combustible.

En este contexto, el sector de transporte pesado, tanto nacional como internacional, ha establecido un plazo de 15 días al gobierno de Rodrigo Paz para que presente soluciones efectivas a la falta de combustible y a las deficientes condiciones de las carreteras del país.

Los transportistas han hecho un llamado a implementar medidas de presión y acciones contundentes si no se reciben respuestas satisfactorias. Domingo Ramos, uno de los líderes del sector, indicó que esta es la cuarta carta enviada al presidente, demandando una inspección técnica de las carreteras con la presencia de un notario que dé fe pública de la situación, así como respuestas claras a sus exigencias.

Ramos advirtió que si no se atienden sus reclamos, el sector podría entrar en un estado de quiebra nacional, declarando que dejarán de pagar peajes, impuestos y deudas con entidades bancarias debido al impacto que la falta de combustible y el estado de las vías tienen en sus operaciones.

Además, los transportistas han mencionado que no descartan iniciar acciones legales contra funcionarios de los ministerios de Obras Públicas, Economía e Hidrocarburos por presunto incumplimiento de deberes, argumentando que no se han cumplido los acuerdos establecidos previamente.

Se estima que más de 12.000 transportistas operan en Bolivia, y alrededor del 60% de ellos están siendo severamente afectados por la escasez de diésel. La Defensoría del Pueblo ha instado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB y al Ministerio de Hidrocarburos a tomar medidas urgentes para regularizar la provisión de combustible, señalando que ha solicitado información al respecto sin recibir respuestas adecuadas.

En medio de esta crisis, la Policía ha incautado 5.000 litros de diésel que se trasladaban de manera ilegal hacia Guanay, en un camión Nissan Cóndor. El conductor fue aprehendido al no presentar la documentación necesaria para justificar el transporte del combustible, y el caso se ha remitido al Ministerio Público para investigar si el diésel estaba destinado a actividades de minería ilegal o contrabando.

Los transportistas mantienen su alerta y esperan que el Gobierno los convoque antes de que finalice el plazo para evitar la implementación de nuevas acciones de presión.